La asociación entre Codelco y SQM para operar en conjunto el salar de Atacama sumó una nueva complicación. A las tensiones que la minera privada vive con la china Tianqi liderando las gestiones para que los accionistas de la firma puedan decidir con su voto el futuro de la alianza y a una nueva sesión especial que se desarrollará este martes en la Cámara de Diputados para conocer detalles de la negociaciones, se agregó este lunes que las comunidades indígenas volvieron al ruedo, revelando otro foco de presión para los negociadores.
En concreto, cuatro de las cinco comunidades que ocupan la zona sur del salar: Toconao, Socaire, Camar y Peine, emitieron una declaración asegurando que suspendían su participación en la mesa tripartita que establecieron en diciembre con las mineras. La molestia de las agrupaciones, señalan miembros de las comunidades, también es compartida por quienes conforman la comunidad de Talabre, pero esta no firmó la declaración pues vive un proceso de elecciones interno.
Y aunque las conversaciones habían sufrido un primer traspié luego de que el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) denunciara incumplimientos al acuerdo, tras conocerse el Memorándum de Entendimiento antes de fin de año -con toma incluida de los accesos al salar a mediados de enero-, las partes ya habían retomado en marzo el diálogo. Sin embargo, este domingo la mesa nuevamente se tensó. “No es que no queramos seguir conversando particularmente ni con Codelco ni con SQM. Cuando el Presidente Boric dice que va a hablar con el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), creo que él no conoce la zona y cómo estamos ubicados territorialmente”, explicó a Pulso el presidente de la comunidad de Toconao, Yermin Básques, señalando que “estamos en una condición bastante especial y por ende tenemos la mayor afectación y somos los que tenemos ancestralmente la demanda sobre el territorio”.
Según detalló, las conversaciones estaban avanzando hacia una fase donde se establecería un reglamento interno para el funcionamiento de la mesa, el que no reconocía la mayor afectación al grupo de cinco comunidades, dando igualdad a las 18 que componen el CPA. Las otras 13, dice, están en San Pedro de Atacama y no cuentan con las mismas condiciones territoriales.
“Tenemos que tener una diferenciación por la afectación que tenemos en forma distinta”, afirmó el dirigente, descartando que ello se traduzca en mayores retribuciones económicas.
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“Tenemos un trato distinto en términos de la participación no económica, en términos de la participación de los impactos que causa (la extracción de litio) y particularmente en el agua. Hoy nos estamos quedando sin agua”, sostuvo.
Agregó que podrían retornar a la mesa con Codelco y SQM, si es que el reglamento de trabajo estipula “que todas las comunidades tienen afectaciones distintas”.
“Una vez que se coloque eso como principio, nosotros volvemos. Si es dejar garantizado que las comunidades del borde sur tenemos un fuerte impacto en el agua, si esto apunta netamente a la pérdida del recurso”, remarcó.
En una línea similar, el presidente de la comunidad de Camar, Héctor Cruz, destacó que buscan establecer “un principio donde se pueda incidir en cómo aseguramos la continuidad del recurso hídrico allá”.
“Si logramos abordar que esos principios sean tratados en conjunto, todo el tema del cuidado del recurso ambiental e hídrico”, dijo, podrían retomar su participación en la mesa tripartita.
Conocedores del proceso desde el lado de las empresas afirmaron que el proceso de diálogo “está en curso”, y destacaron además que “se trata de un proceso de diálogo anticipado y voluntario, respetando el derecho de las comunidades a ser informadas en materias que les importan”.
Así, aseguraron que la mesa “espera consensuar algunos acuerdos para incluirlos en la firma del 31 de mayo de 2024, pero tanto las comunidades como las empresas entienden que habrá otros acuerdos que surgirán del diálogo futuro y que, por lo tanto, se incluirán después en futuros documentos”.
