Salar de Atacama vuelve al centro del debate regulatorio tras el cierre de la consulta pública impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile para declarar nuevas áreas protegidas en el borde este del salar, en un polígono que alcanzaría 76 mil hectáreas. La iniciativa, enmarcada en la Red de Salares Protegidos acordada en 2024 por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, recibió observaciones de actores clave del sector, entre ellos Minera Zaldívar —controlada por Antofagasta Minerals— y la canadiense Wealth Minerals, además de Codelco, Albemarle y el gremio Sonami.
Zaldívar advirtió que la propuesta de Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Soncor se superpone con su proyecto aprobado en mayo de 2023, “Extensión de vida útil con transición hídrica”, que considera una inversión de US$1.200 millones y extiende la operación hasta 2051. La minera sostuvo que el expediente carece de antecedentes científicos, técnicos y jurídicos suficientes para sustentar el polígono propuesto y solicitó su delimitación y reevaluación.
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Argumentos técnicos y seguridad jurídica
En su presentación, Zaldívar recordó que la Red de Salares Protegidos definió criterios de exclusión, entre ellos la presencia de faenas de explotación y proyectos del Estado en cualquier fase de desarrollo. A juicio de la compañía, la delimitación del ACMU no explicita con claridad la base técnico-científica para crear una nueva figura de protección en un territorio que ya cuenta con resguardos oficiales.
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Por su parte, Wealth Minerals afirmó que la propuesta “adolece de vicios técnicos profundos” y vulnera la seguridad jurídica al superponerse con concesiones vigentes en el salar —incluido su proyecto Yapuckuta— donde declara inversiones por US$14 millones. La firma sostiene que la declaración de Soncor bajo un régimen incierto impediría de facto la exploración y explotación de salmueras con litio en derechos reales plenamente constituidos.
Implicancias para la estrategia del litio
El debate ocurre en un contexto en que Chile busca equilibrar conservación y desarrollo en el marco de su política para el litio. El Salar de Atacama concentra operaciones y proyectos estratégicos, y cualquier redefinición territorial puede incidir en cronogramas, financiamiento y percepción de riesgo regulatorio.
Desde el sector minero se ha insistido en la necesidad de mayor transparencia en la información que sustenta la consulta pública y en la coordinación con proyectos ya aprobados ambientalmente. En el Ejecutivo, en tanto, subrayan que la Red de Salares Protegidos apunta a resguardar ecosistemas de alto valor, especialmente en zonas sensibles como Soncor.
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Con el proceso de observaciones ya cerrado, la autoridad deberá ponderar los antecedentes técnicos y jurídicos presentados antes de dictar el acto final. En juego no sólo está la delimitación de 76 mil hectáreas, sino la señal regulatoria hacia inversiones de largo plazo en uno de los distritos de litio más relevantes del mundo.
