El debate por las cuentas fiscales escaló esta semana luego de que el Ministerio de Hacienda defendiera el proyecto que busca autorizar US$6.200 millones adicionales de endeudamiento público para 2026. La cartera sostiene que la medida no implica nuevo gasto, sino financiamiento para obligaciones ya existentes y para ordenar la caja fiscal del año en curso.
La explicación, sin embargo, no convenció a todos. Economistas consultados por Cooperativa cuestionaron la falta de claridad sobre los fundamentos del monto solicitado y advirtieron que la decisión puede reducir el margen fiscal del país si la deuda se aproxima demasiado al nivel prudente de 45% del PIB.
Qué está pidiendo Hacienda
El Gobierno busca que el Congreso autorice una ampliación del límite de endeudamiento para 2026. Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es asegurar el financiamiento del ejercicio fiscal, considerando menores ingresos proyectados, mayores necesidades de caja y obligaciones pendientes del Estado.
La solicitud se suma al endeudamiento ya autorizado en la Ley de Presupuestos 2026. De aprobarse y utilizarse completamente, el margen total de deuda del año podría acercarse a US$24.000 millones, según los antecedentes entregados por el Ejecutivo y recogidos por medios nacionales.
Hacienda ha señalado que parte del monto se vincula con pagos pendientes a proveedores, incluyendo pequeñas y medianas empresas. En ese punto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido que no se trata de financiar nuevos programas, sino de responder por compromisos ya contraídos por el Estado.
Por qué los economistas cuestionan la medida
La crítica principal apunta a que el Gobierno aún no ha presentado una descomposición suficientemente clara de los US$6.200 millones.
En Cooperativa, el economista Luis Eduardo Escobar sostuvo que “no hay suficiente explicación” sobre los fundamentos de la solicitud y planteó que todos los gobiernos reciben algún nivel de deuda flotante desde la administración anterior. A su juicio, el Ejecutivo debe precisar mejor por qué requiere ese margen adicional y cómo se relaciona con su propio compromiso de ajuste fiscal.
El académico Rodrigo Wagner, de la Universidad Adolfo Ibáñez, también advirtió que el monto sorprendió a distintos actores del mercado por ser más alto de lo esperado. Según planteó, los componentes usados para justificar la solicitud “no se entienden muy bien” y sería preferible que Hacienda presentara un paquete fiscal más integrado.
La economista Gabriela Clivio, académica de la Universidad de Chile, puso el foco en el riesgo de quedar demasiado cerca del techo prudente de deuda. Si bien recordó que el 45% del PIB es un límite autoimpuesto, advirtió que acercarse a ese umbral reduce el espacio de reacción ante una eventual crisis económica.
El antecedente que tensiona las cuentas fiscales
El debate no parte desde cero. La Dirección de Presupuestos publicó el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, donde se revisó la trayectoria de deuda y se advirtió que, bajo el escenario actualizado, la deuda bruta del Gobierno Central superaría el nivel prudencial de 45% del PIB hacia 2028 y llegaría a niveles cercanos a 46% hacia el final del horizonte de proyección.
Ese informe se conoció luego de que Hacienda acusara inconsistencias en las proyecciones fiscales heredadas, con una diferencia estimada en torno a US$10.500 millones en la trayectoria de deuda hacia 2030. También se revisó al alza el déficit efectivo esperado para 2026.
El punto sensible es que la deuda pública no solo depende del monto que se autorice, sino también del crecimiento económico, la recaudación tributaria, el tipo de cambio, el gasto comprometido y la capacidad real del Gobierno para ejecutar recortes sin afectar servicios esenciales.
El rol del Congreso
La solicitud debe ser revisada por el Congreso. Ahí Hacienda tendrá que entregar más detalle sobre la composición del monto, el calendario de uso, las obligaciones pendientes y el impacto esperado sobre la trayectoria fiscal.
El debate se cruza además con la discusión de la reforma económica del Gobierno, que ha recibido reparos del Consejo Fiscal Autónomo por sus eventuales efectos sobre la recaudación y la sostenibilidad fiscal. El organismo ha advertido que algunas medidas podrían generar déficits persistentes si el crecimiento proyectado no se materializa en la magnitud esperada.
Cómo puede afectar al país
El aumento de deuda pública no tiene un efecto inmediato y directo en el bolsillo de los hogares, pero sí importa para las condiciones financieras del país. Una deuda más alta puede aumentar la presión sobre el costo de financiamiento del Estado, limitar el espacio para gasto futuro y reducir la capacidad de respuesta ante emergencias económicas, sanitarias o sociales.
Para las empresas proveedoras del Estado, especialmente pymes, el pago de obligaciones atrasadas puede aliviar problemas de caja. Pero para el balance fiscal general, la pregunta sigue siendo cuánto de esta solicitud corresponde efectivamente a pagos pendientes, cuánto a necesidades de financiamiento estructural y cuánto quedará como margen de liquidez.
Qué debe aclarar el Gobierno
El Ministerio de Hacienda necesita precisar, al menos, cuatro puntos:
Cuánto del monto corresponde a deuda flotante y pagos a proveedores.
Cuánto responde a menor recaudación o mayor déficit proyectado.
Cuánto se explica por efectos financieros, como tipo de cambio o refinanciamiento.
Qué parte será usada efectivamente durante 2026 y qué parte quedará solo como autorización preventiva.
El problema político y económico no es solo pedir más deuda. El problema es pedirla mientras el Gobierno promete austeridad, ajuste de gasto y disciplina fiscal. Para que la solicitud avance sin aumentar la incertidumbre, Hacienda deberá mostrar números verificables, una ruta de consolidación creíble y límites claros de uso. Ahí se jugará la confianza del mercado, del Congreso y de los contribuyentes.
