La autorización permite constituir la sociedad que impulsará el proyecto de litio en cuatro salares de la Región de Atacama. Rio Tinto tendrá el 51% y aportará hasta US$425 millones para estudios, tecnología y etapas iniciales.
La Fiscalía Nacional Económica aprobó sin condiciones la asociación entre ENAMI y Rio Tinto para desarrollar el proyecto de litio Salares Altoandinos, ubicado en la Región de Atacama. La resolución elimina uno de los principales requisitos regulatorios para constituir la sociedad conjunta, aunque la iniciativa todavía deberá completar estudios técnicos, evaluación ambiental, permisos sectoriales y una decisión definitiva de inversión antes de iniciar su construcción.
El proyecto considera los salares de Aguilar, Los Infieles, Grande y La Isla, localizados principalmente en la comuna de Diego de Almagro. La alianza público-privada tendrá una participación de 51% para Rio Tinto y 49% para la Empresa Nacional de Minería, estructura que entrega el control operativo al grupo minero internacional y mantiene una presencia relevante del Estado chileno.
La aprobación de la autoridad de competencia se concentró en los efectos de la operación sobre los mercados del litio y del cobre. El análisis descartó que la creación de la sociedad pueda reducir sustancialmente la competencia o alterar de manera significativa la estructura actual de ambas industrias.
Para Atacama, el avance abre una nueva fase en un proyecto que busca incorporar a la región dentro de la expansión chilena del litio, hasta ahora concentrada principalmente en el Salar de Atacama. También refuerza la entrada de ENAMI a una industria distinta de su actividad tradicional, vinculada al fomento y procesamiento de minerales provenientes de la pequeña y mediana minería.
Rio Tinto controlará el 51% del proyecto
La asociación establece que Rio Tinto adquirirá una participación controladora de 51%, mientras ENAMI conservará el 49%. Como parte del acuerdo, la minera anglo-australiana comprometió hasta US$425 millones en aportes monetarios y no monetarios, incluyendo financiamiento escalonado para estudios de prefactibilidad, trabajos posteriores y tecnología de extracción directa de litio.
Estos recursos no equivalen al costo completo de construcción de una futura operación. Corresponden principalmente al financiamiento necesario para avanzar en la definición técnica, económica y ambiental del proyecto antes de adoptar una decisión de inversión.
Las estimaciones preliminares difundidas para el desarrollo integral han situado su inversión potencial en torno a US$3.000 millones, pero esa cifra todavía dependerá de la ingeniería seleccionada, la capacidad productiva, las obras de infraestructura, el sistema de procesamiento y las exigencias ambientales que surjan durante la tramitación.
La iniciativa se encuentra, por tanto, en una etapa anterior a la construcción. Su configuración definitiva deberá determinar cuánto litio puede producirse de manera técnica y económicamente viable, qué infraestructura será necesaria y cuál será el método de extracción más adecuado para las características hidrogeológicas de cada salar.
El desafío ambiental sigue pendiente
La autorización de la FNE no reemplaza la evaluación ambiental ni los permisos requeridos para intervenir los salares. La sociedad deberá completar campañas de exploración, estudios hidrogeológicos, modelaciones de cuenca, levantamientos de biodiversidad y procesos de relacionamiento con las comunidades presentes en el territorio.
Uno de los aspectos centrales será la eventual utilización de tecnologías de extracción directa de litio. Estos sistemas buscan separar el mineral desde la salmuera mediante procesos físicos o químicos, reduciendo el uso de grandes piscinas de evaporación. Sin embargo, su desempeño debe evaluarse caso a caso, debido a las diferencias de composición química, profundidad, temperatura y equilibrio hídrico existentes entre los salares.
La tecnología tampoco elimina automáticamente los impactos ambientales. El proyecto deberá determinar el consumo de agua, energía y reactivos; el manejo de residuos; la eventual reinyección de salmueras; y los efectos acumulativos sobre los ecosistemas altoandinos.
La evaluación será especialmente relevante en una zona caracterizada por su fragilidad ambiental, escasez hídrica y presencia de comunidades indígenas. La viabilidad del desarrollo dependerá tanto de sus resultados económicos como de la capacidad de demostrar que la extracción puede ejecutarse con estándares compatibles con la protección de las cuencas.
Empleo y proveedores para la Región de Atacama
Aunque las obras todavía no tienen una fecha definida, Salares Altoandinos podría generar una nueva fuente de actividad para empresas de servicios mineros de Atacama. La fase de estudios ya requiere perforación, transporte, logística, ingeniería, monitoreo ambiental, alojamiento, alimentación y apoyo en terreno.
Una eventual construcción ampliaría la demanda hacia contratistas de obras civiles, montaje industrial, energía, caminos, telecomunicaciones, mantenimiento y suministro de equipos. La operación posterior necesitaría trabajadores especializados en procesos químicos, automatización, gestión de salmueras, mantenimiento y control ambiental.
El impacto regional dependerá de cuánto gasto pueda capturarse localmente. La sola magnitud de una inversión no garantiza encadenamientos productivos si los bienes, servicios y trabajadores especializados son contratados fuera del territorio. Por esa razón, la formación de capital humano, el desarrollo de proveedores y la planificación anticipada aparecen como factores determinantes.
Diego de Almagro podría convertirse en uno de los principales puntos logísticos del proyecto por su cercanía con los salares. Copiapó, Chañaral y otras comunas de la región también podrían participar mediante servicios profesionales, transporte, infraestructura y abastecimiento.
Atacama suma una nueva plataforma de litio
El avance de Salares Altoandinos se produce mientras Chile busca ampliar su producción de litio y desarrollar nuevos depósitos mediante asociaciones entre empresas estatales y operadores privados. En paralelo, Rio Tinto participa junto a Codelco en el proyecto del Salar de Maricunga, también ubicado en Atacama.
Esta presencia simultánea convierte a la región en una pieza relevante de la estrategia de crecimiento del grupo minero en Sudamérica. Rio Tinto ha reforzado su portafolio de litio con activos y proyectos en Chile, Argentina y Canadá, en un mercado marcado por la caída de los precios respecto de sus máximos, pero con expectativas de mayor demanda durante la próxima década.
La incorporación de un operador con experiencia minera global entrega capacidad financiera y tecnológica a ENAMI, que actualmente no produce ni comercializa litio. Para la empresa estatal, el proyecto representa una oportunidad de diversificación en un momento condicionado por sus necesidades financieras y por los desafíos de modernización de su infraestructura metalúrgica.
Lo que debe ocurrir antes de construir
Tras la aprobación de la FNE, las partes pueden avanzar en el cierre de la transacción y la constitución efectiva de la sociedad. Posteriormente deberán desarrollar la prefactibilidad, definir alternativas de procesamiento y confirmar los recursos disponibles mediante campañas técnicas.
La ingeniería deberá resolver aspectos como la ubicación de plantas, fuentes de energía, disponibilidad de agua, caminos, campamentos, transporte de insumos y salida del producto. También tendrá que establecer si el proyecto producirá carbonato de litio, hidróxido u otro compuesto destinado a mercados industriales y de baterías.
Solo después de completar esas etapas será posible establecer una inversión definitiva, capacidad de producción, vida útil, costos operacionales y calendario de construcción. Por ahora, la aprobación de la FNE despeja la estructura societaria, pero no constituye una autorización para iniciar faenas.
Salares Altoandinos entra así en una fase decisiva. Su avance podría ampliar la base productiva de Atacama, atraer inversión minera de largo plazo y generar oportunidades para proveedores regionales. La materialización de ese potencial quedará sujeta a la calidad de los estudios, la tramitación ambiental, el diálogo territorial y la competitividad económica que alcance el proyecto antes de su decisión final de inversión.
