La moción del senador Esteban Velásquez apunta a ampliar el control sobre empresas estatales, en medio del cuestionamiento por las cifras productivas de Codelco en 2025.
La discusión sobre la fiscalización de Codelco escaló al plano constitucional. El senador Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social, presentó una reforma constitucional para permitir que la Contraloría General de la República fiscalice directamente a empresas del Estado, con foco en la Corporación Nacional del Cobre, luego de que una auditoría interna detectara una sobreestimación cercana a 27.000 toneladas en la producción informada por la estatal para 2025.
El proyecto, informado por La Tercera, ya fue dado cuenta en sala y quedó radicado en la Comisión de Constitución del Senado. La iniciativa se instala en un momento sensible para la mayor minera estatal del país: Codelco viene de reportar una producción propia de 1.334.445 toneladas métricas finas en 2025, un EBITDA de US$6.670 millones y aportes al Fisco por US$1.778 millones, pero enfrenta cuestionamientos por la trazabilidad de parte de sus cifras operacionales.
El punto crítico: control productivo y trazabilidad operacional
La reforma planteada por Velásquez busca entregar a Contraloría atribuciones para fiscalizar ámbitos que hoy no forman parte de su control directo sobre Codelco. El parlamentario argumentó que la revisión no debería limitarse a aspectos jurídicos o financieros, sino incorporar capacidades técnicas para auditar datos productivos, procesos de licitación, eventuales conflictos de interés e inconsistencias en información entregada por la estatal.
El foco político está puesto en si la sobreestimación de producción tuvo efectos sobre el cumplimiento de metas y el pago de incentivos internos. De acuerdo con el antecedente citado por La Tercera, la auditoría interna revelada en mayo apuntó a una sobrevaloración de casi 27.000 toneladas en la producción reportada para 2025, cifra que habría permitido a la compañía alcanzar sus metas anuales.
El caso vuelve a abrir una discusión de larga data: cuánto control externo debe tener una empresa estatal que opera en mercados globales, compite con grandes mineras privadas y, al mismo tiempo, administra un activo estratégico para las finanzas públicas.
Por qué Codelco queda en el centro del debate
Codelco no es una empresa pública cualquiera. Su gobierno corporativo está regulado por una ley especial y su directorio está compuesto por nueve integrantes nominados por el Presidente de la República, con participación de ternas del Consejo de Alta Dirección Pública, representantes de trabajadores y designaciones directas de la Presidencia. Además, el directorio elabora el presupuesto anual, que debe ser aprobado mediante decreto conjunto de los ministerios de Minería y Hacienda, y la empresa traspasa excedentes al Fisco.
La Ley 20.392, que modificó el estatuto orgánico de Codelco, fue diseñada para modernizar su administración, reforzar la transparencia y actualizar su modelo de gobierno corporativo bajo recomendaciones internacionales para empresas públicas.
Sin embargo, la actual controversia muestra una zona de tensión: la existencia de controles formales no necesariamente resuelve las dudas sobre la calidad, oportunidad y auditabilidad de los datos operacionales, especialmente cuando esos datos inciden en metas, bonos, presupuestos, planificación minera y expectativas fiscales.
Las cifras que explican la presión
El resultado 2025 de Codelco fue presentado oficialmente como un ejercicio de recuperación financiera y estabilización operacional. La compañía reportó producción propia por 1.334.445 toneladas métricas finas, producción total de 1.439.732 toneladas al incorporar participaciones en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, EBITDA de US$6.670 millones y aportes al Fisco por US$1.778 millones.
Pero el primer trimestre de 2026 mostró un deterioro productivo relevante. La producción propia cayó 8,1% interanual, hasta 272 mil toneladas métricas finas, mientras la producción total bajó 7,5%, a 300 mil toneladas. La compañía atribuyó el desempeño a restricciones productivas, menores leyes, mantenciones y mayores costos en varias divisiones.
El costo directo C1 subió 10% en el primer trimestre, hasta 231,8 centavos de dólar por libra, presionado por menor producción, tipo de cambio, costos de materiales, servicios de explotación y mantenciones. Aun así, el EBITDA trimestral alcanzó US$2.143 millones y los aportes al Estado sumaron US$430 millones, impulsados por un mejor precio del cobre y subproductos.
Datos clave
Empresa: Codelco.
Tema: reforma constitucional para permitir fiscalización directa de Contraloría.
Autor de la moción: senador Esteban Velásquez.
Tramitación: Comisión de Constitución del Senado.
Antecedente central: sobreestimación cercana a 27.000 toneladas en producción 2025.
Producción propia 2025 informada por Codelco: 1.334.445 toneladas métricas finas.
Producción propia 1T 2026: 272 mil toneladas métricas finas.
EBITDA 2025: US$6.670 millones.
Aportes al Fisco 2025: US$1.778 millones.
Palabra clave: fiscalización de Codelco.
Qué puede cambiar si avanza la reforma
La Constitución establece que la Contraloría ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de fondos públicos, examina cuentas de quienes administran bienes públicos y cumple las funciones que le encomiende su ley orgánica.
La reforma buscaría ampliar ese marco para que el órgano contralor pueda revisar directamente materias vinculadas a empresas estatales como Codelco. En términos prácticos, el debate no solo apunta a balances o legalidad administrativa, sino a la posibilidad de auditar información operacional sensible: producción, inventarios, cumplimiento de metas, respaldo documental de cifras divisionales y eventuales efectos sobre remuneraciones variables.
Para la industria minera, ese punto es relevante porque Codelco opera en un negocio donde las diferencias de producción se miden en miles de toneladas y pueden modificar ingresos, costos unitarios, proyecciones de caja, deuda, planes de inversión y aportes fiscales. En una compañía de escala global, una desviación productiva de 27.000 toneladas no es un dato menor: equivale a un volumen con impacto económico, presupuestario y reputacional.
El desafío para la estatal
La discusión legislativa se da en medio de un ciclo exigente para Codelco. La empresa enfrenta restricciones operacionales, menores leyes en algunas operaciones, costos al alza y la presión de sostener sus proyectos estructurales para recuperar producción. En el primer trimestre, la estatal reportó caídas en El Teniente, Ministro Hales, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Andina, compensadas parcialmente por mejores desempeños en Radomiro Tomic y Salvador.
El debate de fondo será si una fiscalización más amplia fortalece la confianza pública sin afectar la agilidad operacional de una minera que compite en mercados internacionales. Para Codelco, el próximo hito no será solo responder por la sobreestimación detectada, sino demostrar que sus datos productivos, sus metas internas y sus sistemas de control tienen trazabilidad suficiente para sostener decisiones de inversión, remuneraciones variables y aportes al Estado.
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