Más de 1,27 millones de hectáreas han sido asignadas a 22 empresas de capital chino. La expansión minera alcanza áreas protegidas, fuentes de agua y territorios indígenas y afrodescendientes.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleró la entrega de concesiones mineras a empresas chinas hasta comprometer una superficie equivalente al 10% de Nicaragua. Entre 2021 y junio de 2026, un total de 22 compañías recibieron 84 lotes que abarcan más de 1,27 millones de hectáreas, principalmente para la exploración y explotación de oro y otros minerales metálicos.
La cifra corresponde a derechos mineros otorgados por el Estado y no implica una transferencia de propiedad sobre el territorio. Sin embargo, las concesiones permiten desarrollar actividades de exploración y, cuando se cumplen las autorizaciones correspondientes, avanzar hacia la explotación de los recursos existentes en esas áreas.
El proceso siguió creciendo durante julio. Three Gold Coins Company obtuvo el 16 de julio tres nuevas concesiones que suman aproximadamente 114.500 hectáreas. La empresa esperó apenas 41 días desde la presentación de sus solicitudes hasta recibir los permisos, una rapidez que ha elevado las dudas sobre la evaluación ambiental, la capacidad técnica de los beneficiarios y la consulta a las comunidades afectadas. Los nuevos lotes alcanzan zonas habitadas por pueblos indígenas protegidos por la legislación nicaragüense.
Empresas chinas concentran 84 concesiones mineras
La expansión del capital chino comenzó a tomar fuerza después de que Nicaragua restableciera relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021. Desde entonces, las compañías vinculadas a ese país han pasado a ocupar una posición dominante entre los nuevos titulares de concesiones metálicas.
La mayoría de estas sociedades es de reciente creación y mantiene una presencia pública limitada. En varios casos no existen antecedentes disponibles sobre operaciones mineras anteriores, estudios de factibilidad, capacidad financiera o experiencia técnica en proyectos de gran escala.
Los permisos tampoco se limitan exclusivamente al oro. Los lotes abarcan áreas con potencial para plata, cobre, cobalto, molibdeno, tungsteno, plomo, zinc, níquel, cromo y uranio. Parte de estos elementos ha ganado relevancia internacional por su utilización en redes eléctricas, baterías, tecnologías digitales, defensa y sistemas de generación energética.
En términos territoriales, las empresas chinas ya concentran cerca de la mitad de la superficie minera concesionada en Nicaragua. El conjunto de permisos metálicos, reservas mineras y áreas entregadas a compañías de distintas nacionalidades cubre alrededor del 25% del país. Las proyecciones gubernamentales contemplan ampliar esa proporción hasta el 40%.
Concesiones cubren una cuarta parte de territorios indígenas
La mayor preocupación se concentra en la Costa Caribe y otras zonas donde existen tierras comunales reconocidas legalmente. El catastro identifica 62 concesiones superpuestas con 18 territorios indígenas y afrodescendientes, de los cuales 14 cuentan con títulos y cuatro permanecen en proceso de titulación.
Los lotes abarcan 681.574 hectáreas, equivalentes al 25,5% de la superficie conjunta de esos territorios. En algunos casos la superposición es mucho mayor. Las concesiones cubren el 88,64% de Tuahka Takaln Balna, el 83,77% de Tasba Pri Matriz Indígena y el 63,79% de Mayangna Sauni Arungka, también conocido como Matunbak.
En Chorotega-Norte, los derechos mineros alcanzan el 56,37% del territorio, mientras que en Matagalpa comprometen poco más de la mitad. El levantamiento territorial advierte que varias comunidades desconocían la existencia de concesiones sobre sus tierras.
La falta de una consulta libre, previa e informada es uno de los puntos centrales del conflicto. La Ley 445 de Nicaragua reconoce el carácter colectivo de la propiedad comunal y establece mecanismos para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado el debilitamiento de los sistemas de representación y autogobierno en la Costa Caribe, junto con procesos de ocupación ilegal, desplazamiento y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes. La protección de la propiedad comunal se remonta al reconocimiento constitucional de la autonomía y a la aprobación de la Ley 445.
Más de 160 ríos quedan dentro de las áreas afectadas
La superposición de las concesiones no solo compromete terrenos superficiales. Dentro de los lotes se encuentran 163 ríos, 80 quebradas y aproximadamente 1.894 kilómetros de redes hídricas, lo que eleva el riesgo para el abastecimiento de agua y las actividades productivas comunitarias.
La extracción aurífera puede requerir la remoción de cobertura vegetal, construcción de caminos, excavaciones y procesamiento de grandes cantidades de material. En las operaciones artesanales, el empleo de mercurio para separar el oro representa una amenaza adicional, debido a que el metal pesado puede ingresar a ríos, sedimentos y cadenas alimentarias.
Para las comunidades de la Costa Caribe, la afectación de los cursos de agua tiene consecuencias que superan el ámbito ambiental. La pesca, agricultura, caza y recolección dependen directamente del bosque y de la red hídrica. Una alteración sostenida puede afectar la disponibilidad de alimentos, la salud, la movilidad y las economías familiares.
La minería también avanza sobre reservas naturales y zonas de alta biodiversidad. La ausencia de información pública detallada sobre estudios de impacto ambiental impide conocer qué proyectos se encuentran únicamente en etapa de exploración y cuáles podrían avanzar hacia operaciones extractivas.
El oro se convierte en el principal negocio exportador
La rapidez con que se entregan nuevas concesiones coincide con el aumento del peso económico del oro. Durante 2025, las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron aproximadamente US$2.009 millones, un crecimiento de 44,4% frente al año anterior.
El oro en bruto aportó cerca de US$1.971 millones, con un volumen exportado de 19,9 toneladas métricas. Estos resultados lo consolidaron como el principal producto de exportación del país y reforzaron el interés del Gobierno por ampliar la superficie disponible para extracción.
El alza internacional del precio del metal también mejoró el valor de las ventas externas. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos contrasta con los cuestionamientos sobre la distribución de los beneficios en las regiones productoras. Las comunidades afectadas reportan escasos retornos económicos frente al impacto territorial, ambiental y social asociado a las operaciones.
Una expansión minera con poca información pública
El avance de empresas chinas abre una nueva etapa para la minería nicaragüense. La magnitud de las áreas concedidas, la velocidad de aprobación y la falta de antecedentes públicos sobre varias de las compañías dificultan evaluar su capacidad para operar bajo estándares técnicos, ambientales y sociales adecuados.
Tampoco existe claridad sobre las inversiones comprometidas, los plazos de exploración, la construcción de plantas, la generación de empleo ni el volumen de producción que podría resultar de los permisos. Una concesión entrega derechos sobre los recursos minerales, pero no garantiza por sí sola que exista un yacimiento económicamente explotable.
Mientras esas interrogantes permanecen abiertas, la presión territorial continúa aumentando. Los nuevos lotes otorgados durante julio muestran que el 10% calculado hasta junio puede quedar rápidamente superado si el régimen mantiene el actual ritmo de asignación de derechos mineros a compañías chinas.
