La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un cambio que traslada a las provincias una parte central de la definición sobre áreas periglaciales y reabre espacio para proyectos mineros en la cordillera.
Qué cambió en la Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la Ley 26.639 con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, luego de que el Senado le hubiera dado media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El cambio redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciales que antes quedaban restringidas bajo el esquema nacional vigente desde 2010.
El giro regulatorio hacia las provincias
La reforma desplaza el eje de decisión hacia las jurisdicciones provinciales, que pasarán a intervenir en la delimitación y evaluación de las áreas periglaciales bajo un criterio caso a caso. Ese punto altera la lógica de la norma original, que hasta ahora prohibía en esos ambientes actividades capaces de afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, según la ley vigente publicada por el Estado argentino.
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Impacto para la minería de litio, cobre y oro
El cambio regulatorio tiene efecto directo sobre el desarrollo minero en Argentina, en especial en zonas andinas con potencial en litio, cobre y oro. Para el Gobierno, la reforma busca destrabar inversiones y dar mayor margen a proyectos que hasta ahora enfrentaban restricciones por su cercanía con glaciares o ambientes periglaciales. Reuters reportó que la administración Milei proyecta que el nuevo marco contribuya a acelerar exportaciones mineras en los próximos años, en línea con su estrategia de atraer capital para minerales vinculados a la transición energética.
Riesgo hídrico y próximos frentes de debate
El debate político y técnico se concentró en el resguardo del agua. La norma original define a los glaciares como reservas estratégicas de agua, mientras que los cuestionamientos a la reforma apuntan a que el nuevo esquema puede derivar en estándares distintos entre provincias y en conflictos judiciales sobre la protección de zonas sensibles. Desde la discusión parlamentaria hasta la cobertura internacional, el foco quedó puesto en si la evaluación diferenciada permitirá compatibilizar producción y protección hídrica o si abrirá una etapa de mayor litigio regulatorio en torno a permisos mineros en la alta cordillera.
