Los puertos del Canal de Panamá en Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) pasaron este lunes 23 de febrero de 2026 a control del Estado panameño, luego de que quedara firme un fallo judicial que anuló la concesión en manos de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison. La medida se ejecutó mediante un “decreto de ocupación” para asegurar la continuidad de la operación.
En semanas previas, la crisis jurídica ya había escalado tras el fallo de la Corte que dejó sin efecto el marco de la concesión, un episodio que el medio ya había abordado en su cobertura sobre el fallo que anuló la concesión de los dos terminales.
Qué cambió este 23 de febrero: ocupación estatal, sin expropiación
La ocupación fue presentada por las autoridades como una figura para mantener el servicio portuario mientras se implementa una administración transitoria y se define el esquema definitivo. El Gobierno también vinculó la entrada en vigor del fallo a su publicación oficial, paso que dejó la decisión plenamente vigente tras su difusión institucional sobre la publicación del fallo en la Gaceta Oficial.
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Quién operará Balboa y Cristóbal durante la transición
La administración transitoria será asumida por dos operadores ligados a las navieras que concentran parte importante de la carga:
Balboa (Pacífico): APM Terminals, filial del grupo danés Maersk.
Cristóbal (Atlántico): Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario asociado a Mediterranean Shipping Company (MSC).
El esquema transitorio fue planteado como un puente hacia un proceso de selección de operadores definitivos, con un horizonte anunciado de hasta 18 meses.
Volumen, empleo y el origen del conflicto contractual
Balboa y Cristóbal son dos de los cinco puertos ubicados en torno al Canal y en 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, equivalentes al 38% del total del sistema portuario panameño. En la misma jornada, el Ejecutivo aseguró continuidad operativa y estabilidad laboral, mientras la concesionaria activó su estrategia legal internacional; el detalle de estos puntos fue reportado por EFE.
El fallo que anuló la concesión se produjo tras demandas presentadas por la Contraloría panameña contra el contrato, cuestionado por supuestos perjuicios para el Estado. En paralelo, PPC informó que inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
La postura de Panama Ports Company y el arbitraje internacional
PPC rechazó el fallo y sostuvo que la decisión “carece de base legal” (traducción literal del comunicado en inglés), además de advertir efectos sobre la estabilidad del entorno de negocios vinculado a la concesión. Esa reacción quedó expuesta en el comunicado corporativo difundido por CK Hutchison.
Un episodio que reabre la tensión por infraestructura estratégica en la región
El caso ocurre en un contexto regional en el que la propiedad y control de infraestructura portuaria ha gatillado disputas políticas y judiciales, con focos recientes en el megapuerto de Chancay en Perú y su marco de fiscalización. En Chile, el debate por capacidad y conectividad marítima también ha estado asociado a grandes proyectos, como el Puerto Exterior de San Antonio y su plan de inversión.
Qué viene ahora: operador definitivo y continuidad operativa
La administración transitoria en Balboa y Cristóbal fue presentada como una fase previa a un proceso de selección para operadores permanentes. En paralelo, el arbitraje iniciado por PPC ante la ICC seguirá su curso, en un conflicto que ya tensionó la relación política en torno al Canal, como se detalló en la nota sobre el arbitraje y la reacción de China tras el fallo.
