La iniciativa considera una inversión estimada de US$500.000, el relleno de cerca de 400.000 m³ y una continuidad operacional de 15 años y seis meses para el complejo industrial ubicado en la Región Metropolitana.
Sociedad Minera Rosario ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el cierre de un pozo lastrero y la continuidad operacional de su planta de procesamiento de áridos en Puente Alto, proceso que se produce tras un requerimiento de ingreso dictado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y una controversia que posteriormente llegó a tribunales ambientales y a la Corte Suprema.
El proyecto, denominado “Cierre del Pozo Lastrero y Continuidad Operacional de la Planta de Procesamiento de Áridos de Minera Rosario, Puente Alto”, fue presentado el 19 de agosto de 2026 y contempla una inversión estimada de US$500.000.
La iniciativa se emplaza en un predio industrial de aproximadamente 239.226 metros cuadrados, equivalentes a 23,9 hectáreas, dentro del área urbana de Puente Alto y a unos 700 metros de la autopista Acceso Sur.
El expediente ambiental reúne en una sola evaluación dos componentes directamente relacionados: el cierre definitivo del área donde se desarrollaron actividades de extracción de áridos y la continuidad de las instalaciones industriales destinadas al procesamiento, clasificación y producción de materiales para la construcción.
Un proyecto marcado por el requerimiento de ingreso al SEIA
La tramitación ambiental tiene como antecedente la Resolución Exenta N°945, dictada por la SMA el 1 de junio de 2023, mediante la cual se requirió el ingreso al SEIA del proyecto asociado a la planta de áridos de Minera Rosario en Puente Alto.
La controversia estuvo centrada en determinar si la evaluación debía limitarse a las faenas de extracción o considerar también las instalaciones de procesamiento vinculadas a esa actividad.
Minera Rosario reclamó la decisión administrativa ante el Segundo Tribunal Ambiental, que en agosto de 2024 rechazó la reclamación. La discusión continuó posteriormente ante la Corte Suprema bajo el rol N°44.744-2024.
El caso resulta relevante para las actividades extractivas e industriales ubicadas en zonas urbanas o periurbanas, porque refuerza la evaluación de proyectos atendiendo a la interdependencia de sus distintas instalaciones y procesos productivos, evitando analizar de manera aislada componentes que forman parte de una misma operación.
Para el sector de áridos, donde pueden coexistir extracción, chancado, clasificación, transporte, almacenamiento y producción de hormigón, este criterio aumenta la importancia de revisar integralmente las obligaciones ambientales de instalaciones desarrolladas en distintas etapas.
Relleno de 400.000 m³ para cerrar el pozo lastrero
Uno de los principales componentes de la DIA corresponde al cierre del pozo donde se efectuaron actividades extractivas entre 2018 y 2021.
Durante ese periodo fueron retirados aproximadamente 203.000 m³ de áridos. Ahora, el proyecto contempla ejecutar un plan de relleno y recuperación destinado a restituir progresivamente las condiciones geomorfológicas del terreno.
La empresa proyecta disponer alrededor de 400.000 m³ de material inerte y residuos de construcción no contaminantes, incluyendo excedentes de excavaciones, escarpes, tierra vegetal y restos de hormigón limpio.
La capacidad máxima considerada alcanza 855 toneladas diarias, equivalentes a aproximadamente 535 m³ por jornada.
El programa de relleno tendría una duración efectiva cercana a 34 meses, mientras que el periodo total alcanzaría unos 37 meses al incorporar habilitaciones temporales, accesos y la instalación de infraestructura de control.
Tras completar el relleno, el proyecto considera trabajos de estabilización de taludes y recuperación de la cobertura superficial, con el objetivo de recomponer la topografía del terreno y clausurar definitivamente el área utilizada para extracción.
El cronograma contenido en la iniciativa apunta a comenzar las actividades asociadas al cierre durante el primer semestre de 2027, sujeto al avance de la evaluación ambiental y a las autorizaciones correspondientes.
Planta proyecta operar hasta 2042
El segundo eje de la iniciativa es la continuidad del complejo industrial de procesamiento de áridos, cuyas operaciones tienen antecedentes que se remontan a 1993, antes de la entrada en vigencia del actual sistema de evaluación ambiental.
La DIA contempla una vida operacional adicional de 15 años y seis meses, horizonte que extendería las actividades aproximadamente hasta 2042.
Dentro del recinto funcionan instalaciones para procesamiento y clasificación de áridos, junto con dos plantas dosificadoras de hormigón, una planta de molienda de puzolana, talleres mecánicos y dependencias destinadas al control de calidad.
La infraestructura posee una potencia eléctrica instalada de 5.250 kVA, distribuida en seis transformadores conectados al sistema eléctrico, mientras que el abastecimiento industrial considera un caudal autorizado de hasta 186 m³ por hora proveniente de la Sociedad del Canal de Maipo.
Durante la fase operacional, el complejo considera una dotación de hasta 150 trabajadores, por lo que la resolución de su situación ambiental también tiene una dimensión laboral y productiva para la zona sur de Santiago.
La producción de áridos constituye un insumo esencial para hormigones, pavimentos, infraestructura y construcción, lo que vuelve particularmente relevante la operación de plantas próximas a grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, esa cercanía incrementa las exigencias relacionadas con tránsito de camiones, emisiones atmosféricas, ruido y convivencia con áreas residenciales.
Control de polvo será uno de los puntos sensibles
La ubicación del proyecto dentro de la Región Metropolitana incorpora exigencias especiales en materia atmosférica, considerando las restricciones existentes por concentraciones de material particulado.
Entre las medidas contempladas aparecen la humectación de caminos internos mediante camiones aljibe, uso de supresores de polvo y sistemas destinados a controlar las emisiones generadas por chancado, harneros y cintas transportadoras.
El proyecto considera además el encapsulamiento de determinados equipos de procesamiento, una medida especialmente relevante en instalaciones de áridos, donde una parte significativa de los impactos ambientales potenciales proviene del material particulado asociado a trituración, transferencia, acopio y circulación vehicular.
La evaluación deberá revisar también materias como ruido y vibraciones, movilidad, hidrogeología, hidrología, suelos, fauna, vegetación, arqueología, emisiones atmosféricas y medio humano. El expediente ingresado incluye antecedentes técnicos específicos para estos componentes.
Una señal para las operaciones de áridos en zonas urbanas
Más allá de la inversión de US$500.000, el caso de Minera Rosario plantea un precedente operativo relevante para instalaciones extractivas con una larga historia productiva y cuya configuración actual combina actividades iniciadas en distintos periodos regulatorios.
El proceso muestra que la antigüedad de una planta no necesariamente permite separar sus instalaciones de nuevas actividades cuando existe una relación productiva directa entre extracción, procesamiento y comercialización.
Para la industria de áridos, especialmente en la Región Metropolitana, el desafío combina dos variables difíciles de separar: asegurar el abastecimiento de materiales necesarios para construcción e infraestructura y, al mismo tiempo, responder a estándares ambientales crecientes en territorios cada vez más urbanizados.
La evaluación de Minera Rosario deberá ahora determinar si las medidas planteadas para cerrar el pozo, controlar emisiones y mantener las instalaciones industriales permiten compatibilizar la continuidad productiva con las condiciones ambientales exigibles al complejo.
El resultado será seguido con atención por operadores de áridos y actividades similares, debido a que el expediente aborda directamente la relación entre regularización ambiental, continuidad operacional y tratamiento integral de instalaciones productivamente interdependientes.
