Un hito técnico con lectura política
El anuncio de Rio Tinto sobre la primera producción de cobre en la mina Johnson Camp (Arizona) mediante Nuton, su tecnología de biolixiviación basada en microorganismos, reactivó un debate que excede lo estrictamente minero: en Mendoza, donde la Ley 7722 fija restricciones severas al uso de determinadas sustancias en la minería metalífera, el avance se interpreta como una posible “bisagra” para quienes buscan ampliar el margen de desarrollo cuprífero en la provincia.
En el plano industrial, Nuton propone un cambio de paradigma: en lugar de concentrar minerales y depender de fundición y refinación, el método apunta a recuperar cobre a través de procesos biogeoquímicos en condiciones controladas, con la promesa de reducir etapas intensivas en energía, transporte y emisiones. El concepto clave —biolixiviación de sulfuros primarios— adquiere especial relevancia por la naturaleza de varios pórfidos cupríferos andinos, donde el grueso del valor suele estar en la mineralización sulfurada de mayor profundidad.
La “zona gris” frente a la Ley 7722
La discusión mendocina, sin embargo, tiene un punto de fricción conocido: la Ley 7722 prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en procesos metalíferos.
Aquí aparece el nudo técnico-legal: aunque la biolixiviación se apoya en bacterias para oxidar minerales, en la práctica suele operar en medios ácidos. De ahí que la viabilidad regulatoria no dependa solo del “apellido bio”, sino de la trazabilidad del circuito químico, el origen del ácido, su manejo y la capacidad de demostrar contención y control.
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En términos políticos, esto abre dos caminos: una interpretación estricta (que mantenga la barrera) o una discusión de encuadre —con peritajes, condiciones y fiscalización reforzada— que busque distinguir entre “uso” y “generación in situ” dentro de un sistema cerrado.
Mendoza: economía de proyectos y licencia social
Para la provincia, el atractivo es evidente: si tecnologías de este tipo permitieran producir cobre con menor huella hídrica y sin necesidad de fundición local, cambiaría la ecuación de inversión de proyectos y la logística de exportación. Pero la promesa no reemplaza el requisito central: confianza pública. La experiencia comparada muestra que, incluso con mejoras tecnológicas, la aceptación social se juega en transparencia, monitoreo independiente y sanciones creíbles.
El mensaje de fondo es simple: la innovación puede acelerar decisiones, pero no las evita. Y en Mendoza, el “cómo” será tan determinante como el “qué”.
